La globalización
económica ha traído prosperidad para sectores de la humanidad que han
aprovechado sus ventajas competitivas, esa misma situación no se puede afirmar frente a los efectos de los tratados de libre
comercio que se han suscrito en diferentes partes del orbe, especialmente entre
países con relaciones asimétricas, donde los elementos subyacentes de la ética
andan bien refundidos, tanto de los unos como de los otros, dejando sin sabores
entre amplios sectores poblacionales, los cuales son confundidos de una manera
perversa, haciéndoles creer que el valor público está en el intercambio
comercial y no en el bienestar de hombres y mujeres que desean los medios para
ser felices. Lo que llama la atención es
que la cultura de esquiva inclusión y baja autoestima, enraizada en lo más
profundo de los seres latinoamericanos, ha confundido a muchos coterráneos para
identificar el valor público que podría generar las decisiones gubernamentales.
Si bien, la
universalización en áreas como los Derechos Humanos y la misma economía, han traído
mayores niveles de vida, no se puede decir lo mismo de la pretendida
homogenización global de la cultura, la cual ha generado perdida de identidad y
un hedonismo salvaje, no sólo en el común de la gente, sino también a
“académicos” y gobernantes que “piensan” que las soluciones a los diversos
problemas que aquejan a la humanidad se resuelven con medidas idénticas sin
considerar su historia, sus principios , sus vivencias. Con el fin de que las reformas
contribuyan a generar ambientes de valor público, éstas deben considerar la
historia, la cultura de la nación donde se implementen.
Las reformas que
desconocen las culturas de las naciones, adolecen de una cimentación que
garantice su viabilidad y sostenibilidad, incluso esas mutaciones en el caso
regional, debe primero analizar el recorrido histórico cultural de los países
latinoamericanos, especialmente el abismo que saltamos entre la etapa medieval
y la posmodernidad, verbo y gracia, por un lado el rezago del modelo de
producción agrícola, y la debilidad de la infraestructura vial y portuaria, y
por el otro la modernización de las telecomunicaciones, temas que deben ser
analizados desde una arista cultural, y no solamente desde las teorías
económicas y/o políticas.
Resultaría valioso revisar si la cultura de los
pueblos latinoamericanos, contienen los elementos que caracterizan la modernidad que han vivido la sociedad
europea y norteamericana: el individualismo, la crítica, la autonomía y el
idealismo. Para determinar, si las reformas tiene el mismo asidero en los países
del norte que en las naciones del sur. Probablemente se observarán grandes
vacíos en los comportamientos de los latinoamericanos. Seguramente un grupo no
significativo si han adoptado o interiorizado
en su comportamiento las premisas anotadas, pero la gran mayoría de la
población se caracteriza por una autoestima que les obstaculiza percibir las
ventajas de apropiarse de ellos; así las cosas, una reforma del Estado,
incluida la puesta en marcha de un Modelo de Gestión, necesariamente debe
armonizar los asuntos públicos con la cultura de los colombianos.
Las reformas que tanto necesita nuestro país
debe tener presente, si el sentido de la responsabilidad individual, y la asunción del trabajo como medio para
realizar un proyecto de vida, premisas de la Modernidad a la configuración de
la personalidad del hombre contemporáneo, conjugan con los modelos de gestión
pública que adaptan los gobernantes; de tal manera que no se presente un
rompimiento entre la cultura y las políticas públicas que se implementan. Es
necesario evaluar que por un lado, tenemos un complejo marco de referencia sobre
cambios en los asuntos públicos y de sociedad global, que en lo formal le
imprimen a la dinámica social el ritmo
de unos hombres y mujeres que actúan en concordancia con los valores
instrumentales de las más avanzadas sociedades contemporáneas, pero, por el
otro, un comportamiento real y cierto de los colombianos, caracterizado por la
dependencia y el culto al poder. Por ello es necesario que con el propósito de
alcanzar niveles de competitividad que respondan a las demandas globales, las
reformas en la región deben considerar
que cada
cultura genera, interpreta y aplica su propio valor público.
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